Proyecto de Ley



Adhesión a la declaración de la COMRA y consideraciones al proyecto de ley sobre el aborto en tratamiento en el Senado de la Nación e implicancias en el ejercicio profesional.
 

1- Las entidades médicas que conforman el Foro Nacional de Instituciones Médicas, reunidas en el día de la fecha en la Sede de la COMRA, reconocemos el valor de la maternidad, así como el ejercicio pleno de los derechos en salud sexual y reproductiva de toda la población y que incluya los Derechos del Niño.

2- El médico está al servicio de preservar la vida a él confiada, en cualquiera de sus estadios.

3- Reconocemos que el profesional en medicina debe apegar su ejercicio a las normas éticas estipuladas en los Códigos de Ética, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración de Ginebra (Asociación Médica Mundial), y respetar el solemne Juramento Hipocrático.

4- Si durante el ejercicio de su profesión, el médico se encuentra ante una situación excepcional donde una grave y seria amenaza pone en riesgo la integridad física o la vida de una mujer embarazada, deberá actuar de conformidad con el marco legal y ético correspondiente, y conforme al estado actual de la ciencia, siguiendo los protocolos clínicos adecuados y ajustados a la condición médica presentada. Las instituciones prestadoras de servicios médicos deben garantizarle al médico los recursos necesarios para la óptima atención de estos casos y el correcto ejercicio de su objeción de conciencia.

5- Como organizaciones médicas hacemos un llamado de atención ante la morbi-mortalidad materna vinculada a la práctica del aborto en condiciones de riesgo. Esta situación impulsa a tomar medidas para la prevención del embarazo no deseado, el control del daño debido al aborto inseguro y sus consecuencias psicofísicas. Rechazamos, por no ajustarse a la ética médica, cualquier práctica de aborto realizada en condiciones insalubres.
 
6- La interrupción voluntaria del embarazo no debe analizarse como un tema aislado, sino en un contexto pleno de políticas de Salud Sexual y Reproductiva que comprenda, entre otros: la educación para la prevención, la anticoncepción, los derechos de la mujer inherentes al embarazo, parto y puerperio, las enfermedades no transmisibles y transmisibles vinculadas a la sexualidad, y la reproducción asistida.
 
7- Como organizaciones respetuosas del mantenimiento de la vida entendemos recomendable la interrupción del embarazo en condiciones que amenacen la vida materna. En caso de patología fetal incompatible con la vida extra uterina, el médico deberá actuar de acuerdo a la legislación vigente.
 
8- La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema polémico, que divide a las sociedades más allá de convicciones políticas, morales, filosóficas o creencias religiosas. El debate que lo precede excede a la medicina y debe ser abordado por toda la sociedad. Como organizaciones de entidades médicas debemos ser respetuosos de los procesos de discusión y resolución parlamentaria de nuestro país.
 
9- La objeción de conciencia es un derecho humano por el cual el médico puede negarse a acciones que choquen con sus convicciones morales, filosóficas o religiosas, y debe serplenamente respetado en su decisión.
 
10- En cuanto al proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, existen algunas objeciones y consideraciones que creemos pertinentes darlas a conocer desde nuestra visión institucional en representación de los médicos. A saber:

a) Imponer a los médicos registrarse previamente como objetores de conciencia constituye una carga discriminatoria, tanto para quienes se registran como para quienes no lo hacen, pues esta decisión repercutirá inexorablemente en sus carreras profesionales y en su actividad diaria. La práctica de la medicina enseña que la actividad no se resume a blanco o negro, sino que las acciones están teñidas de grises, como por ejemplo, cuando para proteger la salud de una madre es necesario practicar un aborto. En esa situación el médico que se registró como objetor puede tener la necesidad de realizar el aborto para salvar al menos una vida. Podemos optar por hacer o no un aborto, lo que no podemos aceptar es ser obligados a hacerlo. Va en contra de la esencia de nuestra profesión. A veces lo legal se contrapone con lo ético, motivo por el cual los médicos nos oponemos a la creación de un registro de profesionales objetores de conciencia. Las experiencias nefastas en la historia de la humanidad con la creación de listas o registros para identificar a quienes están de un lado o del otro no necesitan mayores explicaciones.
 
b) Penalizar con prisión al “profesional que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare apracticar un aborto”, tendrá en la práctica consecuencias factibles, como por ejemplo que la mayoría de los médicos terminarán registrándose como objetores de conciencia para evitar las consecuencias penales. Por el contrario, los que apoyen la ley y no adhieran a la citada excepción son los que pueden ir presos, o en el mejor de los casos, expuestos a un proceso penal. Incorporar esta pena como artículo 85 bis del Código Penal es una gran injusticia y una profunda contradicción en la ley, es decir, que se sancione a quienes la apoyan y se exculpe a los que se oponen.
Por otra parte, el artículo 11 del proyecto de ley consagra el “derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento”.
Los artículos 12 y 13 lo refuerzan y responsabilizan a los directivos de los establecimientos de salud y a los profesionales para hacer efectivo este derecho. Aquí, debemos decir que la mayoría de los establecimientos del país no están preparados para esto, en especial los del sector público que se encuentran colapsados por sobrecarga de trabajo e insuficiencia de medios. Garantizar este derecho en cinco días corridos puede lograrse en un futuro lejano, pero de ninguna manera al día siguiente de la promulgación de la ley. Suponer lo contrario es no conocer el actual sistema de salud argentino.
Más allá de las dificultades operativas que tienen los establecimientos de salud, los médicos que trabajan en esos establecimientos no hacen lo que quieren, si no lo que pueden, y exponerlos a un proceso penal por no cumplir con lo que no pueden, es un exceso.
Como primera medida, se deberían adecuar el sistema y los establecimientos antes de la promulgación de la ley, tal cual se ha hecho en otros países, alguno limítrofe. Se sabe, desde tiempos inmemoriales, que poner el caballo detrás del carro es poco productivo y además, peligroso e innecesario.

c) En otro orden de cosas, desde hace varios años la Argentina se caracteriza en el mundo por la cantidad de enfermedades que tienen una ley propia. Esas leyes obligan al sistema de salud a incorporar demanera obligatoria los gastos de diagnóstico y tratamiento de las mismas. En el caso de las obras sociales y prepagas, esto se incluye en el programa médico obligatorio (PMO). Nunca se define cuál es su financiamiento, es decir de donde se obtiene el dinero para su cobertura. Esto provoca un desfinanciamiento del sector que está a la vista de quien quiera verlo. El artículo 16 del proyecto de ley comete el mismo error, con el agravante que el embarazo no es una enfermedad.
Nadie puede decir con certeza a cuánto ascenderá ese gasto, ni tampoco cuanto va a repercutir sobre las coberturas de las enfermedades que hoy se cubren con el mismo presupuesto. Los recursos económicos no son infinitos en ninguno de los subsectores del sistema de salud argentino, ni en ninguna parte del mundo. Los legisladores deberían prever en las leyes cómo se financian sus buenas intenciones. Actuar en contrario, es introducir variables al sistema que lo llevan a un evidente desajuste operativo, y en última instancia, a profundizar la inequidad.

d) Por último, en el caso de personas menores de 16 de años edad, según el artículo 9 del proyecto de ley, “la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado” y conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Esto significa que se debe prescribir o suministrar medicación para abortar sin el consentimiento de los padres o representantes legales.En caso de ser necesaria una práctica invasiva, como ser un legrado, la menor debe contar con la asistencia de sus progenitores y si existen conflictos entre ambos, es decir entre la menor y sus padres, se resuelve “teniendo en cuenta el interés superior del niño y su derecho a ser oído”, como expresa el artículo 26 del Código Civil y Comercial, y que además, agrega “sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”. Es sabido que las técnicas invasivas tienen riesgos y complicaciones inherentes al método, que pueden comprometer incluso la vida. En la práctica diaria los médicos solicitamos siempre, excepto en caso de extrema urgencia, el consentimiento de los padres para cualquier práctica invasiva sobre un menor que padece cualquier patología, como por ejemplo una apendicitis.
En este caso, al tratarse de un embarazo, que reiteramos no es una patología, no existe hoy un solo médico que acceda a realizar una práctica de riesgo sin el consentimiento correspondiente de los padres o en su defecto de un juez.
 

Para finalizar esta declaración, debemos expresar nuestra preocupación por el impacto de esta ley sobre el funcionamiento del sistema de salud y por la discriminación y cargas injustas sobre el trabajo de los médicos.
 

Este proyecto pensado para despenalizar a las mujeres y legalizar el aborto en la Argentina, termina penalizando a los médicos y obligándolos a realizarlo bajo amenaza de prisión.
 
Buenos Aires, 12 de julio 2018